Legislación ridícula: imposible cumplir

Por John A. Bennett N.

Es verosímil pensar que a mayor regulación menor abuso social. ¿Será cierto? En los EE.UU. el Gobierno Federal añade unas 80,000 páginas de nuevos reglamentos al año. Lo irracional es que al mismo tiempo que muchos países crean burbujas legislativas, muchos están disminuyendo y hasta eliminando las señales de tránsito, incluyendo los semáforos; debido a que ya nadie podía conocer ni atender los cientos de avisos viales. Igual ocurre con el resto de la legislación, salvo que no la están reduciendo.

Está comprobado que todo en exceso es malo, y tratándose de regulación es peor que malo. Si exageramos los “no hagas eso” con nuestros hijos, pronto dejarán de hacernos caso. Y por algo nuestro sector económico informal rebasa el 40% de la actividad económica del país, contribuyendo a los aumentos en los costos de vida y desempleo. En los EE.UU. el asunto ha llegado a tal grado de ridículo que es ilegal que un chico monte una mesa para vender limonada. Y lo que más irrita a comentaristas como John Stossel de Fox News es que los políticos miden su efectividad de acuerdo a las leyes que pasaron. Lindo sería el día en que se mida por cuántas leyes eliminaron.

Es imposible cumplir con la mayoría de las normas vigentes. La dia-

rrea legislativa sirve para que cualquier burócrata cuente con las argucias legales para hacerle la vida imposible a cualquiera que intente montar una empresa. En las Rocallosas multan a una mujer por colectar agua de lluvia para regar sus plantas. Todo hotel debe contar con rampas para discapacitados; aunque la mayoría de los hoteles ya cuentan con rampas portátiles, y como dice un dueño de hotel: “jamás las hemos tenido que usar en 15 años.” La multa por no tener las fijas es de $55,000.

Las consecuencias no intencionadas de los gobiernos metiches en nuestras vidas son incalculables. Un modo de ver toda esta ridiculez va así: Los diez mandamientos tienen 331 palabras; la constitución gringa 7794; la panameña más de 22,000; mientras que las normas para la venta de repollo en los EE.UU. contienen unas 27,000 y más de 34,000 para el queso; sin entrar en el tema de las increíbles contradicciones que ello introduce en la legislación. Creo que eso nos da un atisbo al problema.

Y quizás el mejor ejemplo de lo que señalo lo podemos ver en la nueva intersección de la vía de la Amistad con la vía Clayton- Curundú. No más tranques sin semáforos, y nadie acelera porque viene la roja. Ahora todos bajan la velocidad y cooperan. Allí está el secreto del buen desarrollo social; en solo tener las normas esenciales que desarrollen la buena interacción social y no la politiquera.

Artículo publicado en el diario El Panamá América el jueves 30 de marzo de 2012.

La burocracia

Por John A. Bennett N.

Lloyd Pettergrew y Carol Vance nos presentan las siete reglas de la burocracia; término referido a todos los servidores públicos no electos. También se dice de una administración sistemática, caracterizada por funciones, objetivos, calificaciones y acciones acordes con una ley fija centrada en jerarquías de autoridad. Pero también se refiere a una administración caracterizada por un constante afán en aumentar las funciones y poderes, por una carencia de iniciativas y flexibilidad, por indiferencia a las necesidades humanas y a la opinión pública con una tendencia de estorbar la acción por medio de formulismos.

En Panamá, ¿alguien ha calculado el costo de la burocracia? Para ello hace falta dudar en la misma existencia del leviatán; ese que hace metástasis y se expande por todo el cuerpo de la nación produciendo pobreza. ¿Cómo es posible que veamos el fracaso de incontables agencias de Gobierno y todo sigue igual? El problema es que los gobernantes se especializan en cacarear las bondades de sus proyectos, pero no en reconocer sus miserias. Aparte de que es imposible seguir el rastro de los impuestos que van a parar a los programas improductivos.

El sistema burocrático es la herramienta ideal para andar la maquinaria politiquera diseñada para captar votos y estar en la papa. Así se explica cómo países que otrora fueron cuna de libertad y progreso ahora se caracterizan por tener a un 44% de las familias recibiendo alguna clase de subsidio, mientras la mayoría de sus ciudadanos no paga impuestos.

A Max Weber se le considera el padre de la burocracia moderna, pero pocos saben lo que el padre decía acerca de su creación, tal como lo declaró en un discurso frente a la Asociación Alemana para las Políticas Sociales: “Es una gran evolución en la que nos hemos adentrado, y la gran pregunta no es cómo hemos de apurar la burocracia, sino cómo oponernos a su maquinaria a fin de que algunos hombres no vendan sus almas a la misma y a los burócratas”.

Así, veremos que las reglas de toda burocracia, tal como las estableces Harry Teasley, quien se ha pasado toda su vida combatiéndolas, son las siguientes:

Regla 1: El problema jamás deberá ser resuelto, porque es la base del poder, de los beneficios, privilegios y de la seguridad. Tengamos claro que la base del poder son los problemas y no las soluciones.

Regla 2: Usar las crisis, reales o percibidas, para aumentar el poder y el control. Tal como ha ocurrido en Estados Unidos, luego del 9-11 o en Panamá con la inseguridad y la supuesta solución de retenes y pele police mal usados.

Regla 3: Si no se tienen suficientes crisis, entonces hace falta crearlas.

Regla 4: Controlar el flujo informático mientras se pretende ser transparente.

Regla 5: Negar, demorar, ofuscar, tejer y fabricar la realidad y mentir y mentir.

Regla 6: Crear grupos de apoyo mediante la distribución de beneficios o derechos rentistas, mientras los fracasos se le achacan al oponente político.

Regla 7: Demonizar a quienes tienen la temeridad de decir la verdad, señalando que “el emperador anda sin ropas”.

Artículo publicado en el diario La Prensa el miércoles 28 de marzo de 2012.

Más prudencia en el gasto

Por Diego Quijano.

Cuando hablamos de las finanzas de una persona, la liquidez se refiere a su capacidad de enfrentar obligaciones a corto plazo. Decir que el Estado se enfrenta a una situación de iliquidez, quiere decir que está teniendo dificultades para enfrentar sus obligaciones y deudas por pagar en el corto plazo.

La realidad es que hoy día y en el futuro inmediato Panamá no enfrenta tal situación.

Sus ingresos continúan subiendo y en el ámbito internacional (y local) cuenta con un buen crédito que le permite financiarse, sea obteniendo financiamientos en el mercado de capitales o posponiendo el pago de cuentas por pagar.

Ello no quiere decir que el manejo de sus finanzas sea el más adecuado y que no pudiera ser mejor.

En 2008, todavía bajo la administración de Martín Torrijos, el Gobierno cerró con un superávit fiscal de $98.5 millones. En 2009, ya bajo la actual administración, cerramos con un déficit de $252.5 millones. El mismo se duplicó a $511.8 millones en 2010. Y en 2011, aumentó 37% más hasta los $703 millones.

Esto quiere decir que el Gobierno está gastando más de lo que ingresa y, lo que es peor, sus gastos se están incrementando a un ritmo más rápido que el incremento de los ingresos.

En efecto, mientras que los ingresos crecían a 1.7%, 9.7% y 12.9% en 2009, 2010 y 2011, respectivamente, los gastos crecían a 7.5%, 13.3% y 14.6% en esos mismos años.

Esta tendencia es preocupante. Mientras que en 2009, el Gobierno gastó 4% más de lo que ingresó, en 2010 gastó 7.4% más de lo que ingresó y en 2011, 9% más. Todo esto, mientras recibió “ganancias” de $30 millones producto del señoreaje de monedas y que lograra postergar a futuro ciertos pagos programados para 2011 y 2012 de su plan de inversiones en infraestructura.

Esto le permitió mantener la relación deuda/PIB a 40% bajo la apuesta que en 2012 y 2013 la situación sea más favorable.

La realidad es que, de no cambiar el ritmo al que proceden las inversiones públicas, no hay duda de que en 2012 continuará incrementando el ritmo de crecimiento de los gastos por encima del de los ingresos.

Esto implicaría continuar aumentando aún más la deuda pública que en febrero 2012 ya alcanzaba los $13,143.5 millones, pero en un año que no se prevé que el PIB crezca como en 2011.

A mediano plazo, viendo inversiones que probablemente no sean sostenibles, como el metro, este nivel de gastos podría llevar a un deterioro de las finanzas públicas el cual no querremos que suceda en medio de una crisis financiera internacional.

Artículo publicado en el diario La Prensa el sábado 24 de marzo de 2012.

Libertad de tránsito

Por: John A. Bennett N. e Irving H. Bennett N.

Muchos opinan que los principios son mera filosofía y se inclinan por un utilitarismo inmediatista. Usemos como ejemplo la libertad de tránsito.

La Carta Universal de los Derechos Humanos, de la cual Panamá es signataria, establece en su artículo 13 lo siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país”, y el artículo 9: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

El origen de estos derechos emana, precisamente, en el abuso de dichas libertades cometidas por los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia. Abusos dirigidos a someter a las personas al control autoritario de los gobernantes, a crear privilegios para unos pocos y para excluir a muchos de los beneficios de la sociedad, para crear las condiciones para extorsionar y expoliar a los ciudadanos y enriquecer a los gobernantes más allá de lo justificado por las necesidades del colectivo. El propósito de nuestras constituciones es, fundamentalmente, el de ponerle límites a la autoridad gubernamental y garantizar la libertad de los ciudadanos frente al poder estatal.

Para ello se establece que las autoridades no pueden hacer cosa alguna que la ley no les ordene explícitamente, mientras que los ciudadanos pueden hace todo lo que la ley no les prohíba explícitamente. Para evitar abusos corrientes, se prohíbe de manera explícita la violación del domicilio sin orden judicial, se prohíbe detener los vehículos y registrarlos de manera arbitraria, y, de igual manera, detener a las personas en las calles y registrarlas arbitrariamente.

Esto no tiene que estar explicitado, porque en ningún lado se establece la autorización para que tal cosa se haga, pero debido a los abusos ha sido necesario. En la mayoría de los países se prohíbe explícitamente a las autoridades detener a los conductores y pedirles sus documentos, si no han cometido una infracción o si no hay una orden legal para hacerlo de manera excepcional y con propósito específico.

Vemos, por ello, que los retenes para pedir documentos son un abuso de autoridad y una extralimitación de funciones de parte de las autoridades y sus agentes.

Aparte de ello resulta que es una práctica ineficiente y contra productiva. Por ejemplo: para detectar a los conductores que manejan con licencia vencida se ocupa a cientos de agentes que debían estar patrullando para detectar infracciones serias y no con el mero propósito de perseguir faltas administrativas inconsecuentes. Constructivo sería que la Autoridad de Tránsito advierta, por correo o celular, a los conductores del próximo vencimiento, ya que esa información la tienen en sus ordenadores. La función primordial de los agentes de tránsito es la seguridad y eso no se logra correteando licencias vencidas y violando la Constitución y los convenios internacionales.

Artículo publicado en el diario La Prensa el domingo 18 de marzo de 2012.

Moneda y libertad

Por John A. Bennett N.

Muchas personas y en particular economistas liberales austríacos han venido prediciendo con inusitada exactitud desde hace casi cien años las catástrofes económicas del siglo pasado y del presente; la única diferencia es que cada vez las crisis se han incrementado en intensidad y duración. Una de esas personas fue Hans F. Sennholz, doctor en economía bajo la tutela de Ludwig von Mises. Sennholz llegó a ser educador catedrático en economía, escritor de obras económicas a través de las cuales abordó el tema monetario y bancario, conjuntamente con los del financiamiento público, llegando a publicar más de mil obras, incluyendo 17 libros. Sennholz venía advirtiendo, desde los años 1980, las consecuencias de seguir aplicando los mismos remedios, los cuales en realidad son venenos, típicamente santificados por los economistas del mainstream –corriente prevalente–, consistente en el intervencionismo estatal en la economía ciudadana, a través de diversos mecanismos, pero principalmente a través del control monetario, del financiamiento y control de las tasas de interés.

El argumento central de Sennholz es que la acción estatal siempre tiende a lo político y no es compatible con lo económico; debido a que los agentes políticos rara vez buscan otra cosa que no sea incrementar el gasto público, para lo cual requieren inventar nuevos métodos de ingreso fiscal, tal como el “señoreaje” o “ladronaje”.

Sennholz advierte que no es imposible contar con una moneda sana, el problema es que los Gobiernos han hecho que ello sea ilegal. Leyes que obligan a los ciudadanos a aceptar las monedas que imponen los gobernantes y que frecuentemente su único valor es de confianza o “fíat”.

La razón fundamental de los precios desbocados actuales se debe a una emisión descontrolada y descabellada por parte de los Gobiernos emisores. Si la moneda es la representación viva del trabajo de cada quien, ¿cómo es que cada quien no puede escoger libremente la moneda de su predilección? De poder elegir, ¿Cuál sería la moneda de predilección de los panameños?

En el fondo la interrogante o duda fundamental sería: si los ciudadanos pueden suplir sus necesidades industriales, alimenticias, de salud, científicas y tantas otras, ¿acaso no podrían suplir sus necesidades monetarias sin la tutela de los políticos? ¿Cómo es que los ciudadanos somos libres para algunas cosas y no para otras? Y no hablo de las inmorales.

La libertad monetaria se puede y debe extender a la libertad bancaria, dentro de un sistema competitivo que dé lugar a las mejores opciones. Si cada día nos atamos más y más a los designios políticos, seguiremos perdiendo la libertad en el manejo de nuestros ahorros en forma de dinero y las crisis seguirán arreciando y profundizando; y como bien señaló el congresista estadounidense Steve Symms: “El gobierno ha causado el problema; y sólo los hombres libres pueden resolverlo.”

Artículo publicado en el diario La Prensa el sábado 10 de marzo de 2012.