La ley no debe exigir calificación

Por Diego Quijano

Si somos inexpertos en un tema, hay veces que vale la pena buscar la opinión de un especialista. Esto lo aplicamos en campos como la tecnología o la salud, pero en otros, la opinión del experto debe verse con cautela. El famoso inversionista norteamericano Warren Buffett siempre advierte: “No le preguntes a un barbero si necesitas un corte de cabello”. Es evidente que la respuesta del barbero, aunque puede ser sincera, no es la más objetiva.

Las agencias calificadores de riesgo se encuentran en una posición similar. Pero el problema no surge producto de su actividad profesional —¿acaso está mal ofrecer un servicio de análisis financiero?—, sino a raíz de las exigencias regulatorias.

Como siempre, el gobierno, en aras de proteger “a los débiles”, termina debilitándolos aún más. Y es que la falta de compresión de cómo funcionan los procesos de mercado ocasiona el establecimiento de políticas que generan incentivos perversos. Así, el gobierno decide que los fondos de pensión públicos o privados solo pueden invertir en empresas que han sido calificadas positivamente, para “asegurar” que no se coloquen en áreas muy riesgosas; luego, añade que los bancos y las aseguradoras deben someterse al mismo análisis y sus opiniones siempre deben ser públicas, para proteger al pequeño inversionista; y así sucesivamente.

Esto empezó a socavar el valor de las opiniones de las calificadoras. La motivación para buscar a la agencia ya no era la realización de una exégesis de la empresa, sino cumplir con un requisito legal.

Las agencias, por un lado, veían su negocio crecer como la espuma gracias a la regulación y, por el otro, estaban contra la pared al tener como clientes a aquellos cuyo análisis sería publicado. Mientras tanto, en lugar de realizar un análisis propio, los inversionistas se confiaban ciegamente de estas calificaciones.

Invertir correctamente no es fácil, pero se hace aún más difícil cuando se crean estas distorsiones producto de la intervención estatal. Para todos sería mejor que el gobierno eliminara todas las regulaciones que exigen calificaciones. Esto volvería a motivar a que muchos inversionistas realicen su propio análisis.

Enfoque publicado en el diario La Prensa el sábado 9 de julio de 2011.

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