Los valores y la economía

Por Diego Quijano

Al hablar de los valores, primero debe reconocerse que, sin libre albedrío, no puede actuarse ética o moralmente. Sólo el individuo puede elegir y tomar acciones éticas o morales. No puede decirse lo mismo de un animal o un robot. Por eso, no acusamos al águila macho de inmoral cuando mata a su cría ni felicitamos al robot por responsable cuando cumple su labor.

Para que la moralidad o la ética entren en juego, se requiere de la interacción con otras personas. Un náufrago solitario no puede actuar éticamente. Solo el hombre libre en sociedad puede escoger actuar, con respecto a sus congéneres, de acuerdo a ciertos principios o reglas. Y es que la moralidad y la ética requieren que se reconozca la dignidad y la capacidad de ejercer el libre albedrío de las otras personas.

En contraposición, los individuos que actúan bajo órdenes, no pueden actuar de manera ética o moral. Si se me ordena ayudar a una señora a cruzar la calle, no soy solidario, sólo obedezco órdenes. Por ello, sólo cuando se me da la libertad de escoger entre robar y no robar, entre ayudar a la señora o no ayudar, es que demuestro mis valores.

¿Tiene algo que decir la economía sobre los valores? Se suele decir que no, que la economía entiende del dinero y no del respeto o la honradez. Con respecto a este punto, el economista Ludwig von Mises, en La acción humana, señala que ‘No es correcto decir que la honradez ‘no paga’. La honradez ‘paga’ a quien subjetivamente valora en más atenerse a ciertos principios que las ventajas que tal vez pudiera derivar de no seguir dichas normas’. Para ser honrado, tiene que existir la posibilidad de no serlo. Es así como se gana la reputación de honradez.

Supongamos que el gobierno interviene en la economía y dice: Hay que ayudar a los pobres, porque se mueren de hambre. Para ello, cobra impuestos y los alimenta. ¿Puede afirmarse que los individuos en este país han sido solidarios? No, porque para que haya un acto solidario se requiere la decisión de cada individuo y no la mera obediencia a un mandato coactivo. No se puede ser solidario, entregando riqueza ajena.

A veces nos puede parecer que las reglas éticas exigen sacrificar un beneficio personal. Pero en su mayoría, son todo lo contrario. Incorporan un conocimiento milenario implícito: Cumplir esas reglas tiende a generar un mayor beneficio para todos. Por ello, no hay ninguna sociedad en la que el homicidio, el robo o el no cumplimiento de las promesas hayan sido vistos con buenos ojos. Son las reglas elementales para que una sociedad prospere y, por ello, la conexión íntima entre ética, derecho y economía.

Artículo publicado en el diario La Estrella el jueves 29 de julio de 2011.

Advertisements

El mito académico

Por John A. Bennett N.

Pocas veces nos encontramos con ejemplos del porqué es imperativo arremeter contra los lúgubres santuarios estancos en donde escondemos nuestras más profundas reticencias. Irene Giménez nos recordó, precisamente, eso a través de un escrito de Ivan Ilich, quien en 1971 publicó la obra Deschooling Society –“desescolizando a la sociedad”–. En el primer capítulo del libro, Ilich arremete contra la escuela, tal y como la concebimos hoy día.

El sistema académico, tal y cual lo conocemos y practicamos, está diseñado para confundir a los jóvenes, particularmente a los de extractos más humildes. Se les adoctrina para que confundan los procesos con la substancia; es decir, que más escuela es más educación o simplemente a confundir enseñanza con aprendizaje; a los diplomas con la competencia y a la elocuencia con la capacidad de decir algo nuevo o inteligente.

Las escuelas contemporáneas están orientadas a la creación del servilismo y no de valores. La atención médica con la buena salud; la asistencia social con una mejor sociedad; política con protección; armamentismo con seguridad; y desenfreno con trabajo productivo; y todo esto revuelto en un purgante de instituciones estatales que dicen servir al pueblo, para lo cual necesitan recaudar más y más.

Ilich nos estremece con una ilación de argumentos que nos aboca hacia una distorsión de la realidad en la que llegamos a confiar ciegamente en las instituciones tradicionales.

Hemos sido inculcados sigilosamente a través de currículos “aprobados”, que ahora llaman “transformados”; cuando la realidad es que necesitamos una inmensa desintoxicación académica.

La verdadera educación no deambula por los laberintos de nuestros tristes centros académicos. El conocimiento que más nutre es el que adquirimos fuera de esos centros penitenciarios; de manera que mientras más rápido nos indultan, más pronto podemos educarnos.

¿Y cuáles serían las alternativas? Ilich nos habla de una red de servicios que le proporcione a cada persona las mismas oportunidades para el intercambio de sus preocupaciones con otras personas con iguales motivaciones. Eso lo propuso en 1971 y hoy se parece muchísimo a la red cibernética, que es el sitio o la “nube” en donde se está dando la verdadera revolución del conocimiento.

El truco está en lograr los enlaces entre personas con similares inquietudes, de manera que se complementen entre sí. En la internet no existen los controles sociales que desean ególatras gobernantes.

Por otro lado, hemos llegado a idolatrar la escuela –viendo al maestro como el ángel de guarda, el moralista, terapista–, en donde depositamos lo más preciado que tenemos: nuestros hijos, para luego desentendernos.

¿Cómo es posible que hayamos llegado a aceptar, dócilmente, que de palacio nos dicten currículos? Éstos, por su propia naturaleza, son como ferrovías que nos ciñen a caminos que nos han sido mandados por otros, al punto que ni los mejores profesores pueden salvar a nuestros hijos del destino final de esas “ferrovías”.

Artículo publicado en el diario La Prensa el lunes 18 de julio de 2011.

108 años sin banco central en Panamá

Por Diego Quijano.

Este año Panamá cumple 108 sin banco central. Escoja cualquier país vecino, revise su historia económica y verá que hay razón para celebrar.  Para empezar, durante un siglo nos hemos ahorrado los gastos en salarios, inmuebles y viajes de los directores. Además, los políticos han estado obligados a controlar su gasto al no tener un banco central que les cubriera el déficit con la creación de moneda.

No obstante, la consecuencia de mayor calibre ha sido la estabilidad de precios. Para dar un ejemplo, mientras que al alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Panamá entre 1990 y 2005 fue de 19.03%, en Costa Rica, fue de 790.64%.

Dicho de otra manera, lo que costaba $100 en 1990, en 2005 costaba $890 en Costa Rica y $119 en Panamá.

En 1980, Panamá sufrió la peor alza en el nivel de precios, un aumento de 13.8%. El mismo año en Brasil, los precios repuntaron 110%. Mientras que el alza del IPC en Panamá promedió 3% entre 1961 y 1997, en Brasil, entre 1990 y 1995, aumentó 764% cada año.

La estabilidad de precios nos ha dado a los residentes de Panamá una mayor seguridad económica que la mayoría de los países vecinos.

Por ejemplo, nuestros ahorros mantuvieron su valor mejor que los de los costarricenses o brasileños. Por otro lado, ello ha permitido los créditos a largo plazo. Durante décadas fuimos el único país latino con hipotecas a 30 años.

Aun más importante, la estabilidad de precios permite a los empresarios realizar un cálculo económico más preciso, creando las condiciones para una asignación de capital más eficiente.

Esto permite que se desperdicien menos recursos, pudiéndose distinguir con mayor claridad las áreas donde se necesita más urgentemente de aquellas donde no se le está sacando tanto provecho.

¿A qué se debe esta estabilidad de precios? A no contar con un sistema monetario manipulado por el estado. Explica el economista José Joaquín Fernández que “al no haber autoridad monetaria en Panamá, la cantidad de dólares que circulan en esa economía depende exclusivamente del sector productivo […] Es por medio de la libre oferta y demanda de dólares que se regula la estabilidad monetaria de Panamá”. Y es que todo dólar que entra y sale o se intercambia en nuestro país se debe a una razón comercial o productiva.

Pero ahora el dólar está sufriendo las afectaciones de su manejo político y lo sentimos con el encarecimiento de la gasolina y de muchos insumos. La respuesta a ello no es crear un banco central, sino establecer la libertad monetaria, permitiendo el curso legal tanto de monedas privadas y estatales, sean estas fiduciarias o respaldadas por un activo. Era esto lo que los próceres de la nación tenían en mente cuando prohibieron el papel moneda de curso forzoso. Miguel Verzbolovskis no lo pudo haber dicho de manera más sucinta y clara: tener el dólar ha sido una ventaja coyuntural de larga vida, pero no tener banco central ha sido una ventaja estructural e institucional que debemos resguardar.

Enfoque publicado en el diario La Prensa el sábado 23 de julio de 2010.

Deuda y salud financiera

Por Diego Quijano

El indicador Deuda Pública/PIB ha cobrado gran popularidad, pero resulta extraño que se use una medida que es influida por el gasto estatal para determinar el peso de la deuda estatal.

Mejor utilicemos un método más sencillo e intuitivo. Para analizar la salud financiera del Gobierno mejor compararemos sus ingresos totales frente a sus gastos totales, tal como se haría con una empresa. Si hay un déficit (pérdida), el Gobierno requiere endeudarse o vender activos para cubrir sus gastos; si hay un superávit (ganancia) podría amortizar parte de la deuda, reservar para emergencias o reducir impuestos. Utilizando este método, el déficit fiscal fue de 4% en 2009, 7.4% en 2010 y 14.7% en el primer trimestre de 2011. Es decir, el Gobierno gastó, en 2009, $252 millones más de lo que ingresó; en 2010, $511 millones más, y, en el primer trimestre de 2011, $264 millones más. En 27 meses, el Gobierno acumula un déficit de $1,027 millones.

Más gasto público no puede cambiar esta tendencia deficitaria. La realidad es que gran parte del gasto público obedece a criterios políticos y no de sostenibilidad financiera.

Ello implica una destrucción de escaso capital y, por tanto, un freno a la creación de riqueza.

Enfoque publicado en el diario La Prensa el lunes 18 de julio de 2011.

El caso de Chiquita Banana

Por John A. Bennett N.

Llewellyn H. Rockwell Jr., Presidente del Instituto von Mises, editor del LewRockwell.com y autor del libro “The Left, the Right, and the State –La Izquierda, la Derecha y el Estado– nos trae un relato que debería llegarle a lo espeso del chicheme a las “repúblicas bananeras;” no sólo por el interés de conocer el origen de dicho apodo despectivo sino porque detrás de todo ello hay gran mar de fondo.

Se ha protestado por tanto tiempo en contra de la Chiquita Banana que a sus detractores ya ni se acuerdan el porqué de las mismas. Indudablemente que la empresa tiene una historia borrascosa; más que nada cuando era la United Fruit, debido, entre otras razones, al intervencionismo estadounidense con miras a proteger sus intereses en la región de Cuba, Panamá, Nicaragua, la República Dominicana, Haiti, y México. A raíz de todas estas intervenciones militares es que se habla de “Las Guerras del Banano,” que da el origen a que estos países llevasen el apodo de “Repúblicas Bananeras.”

Lo que parece haberse perdido en el embrollo fueron cosas como la erradicación de la malaria; aumento del nivel de vida; y la protección de los derechos de propiedad y las relaciones del comercio exterior que sirvió para frenar tendencias socialistas que tradicionalmente ha intentado desvalijar las inversiones en la región.

Recién Chiquita ha vuelto a la palestra al ser señalada por el Departamento de Justicia de los EE.UU., por vínculos con ciertos organismos terroristas del área; entre ellos las FARC y las AUC de Colombia. Pero lo que pocos atienden es la realidad de una empresa que ha debido enfrentar toda clase de agresiones, secuestros y asesinatos; tanto por parte de grupos de derecha como de izquierda, que se han peleado, como perros rabiosos por intereses económicos y de poder.

En medio de las guerras a diestra y siniestra, la Chiquita se vio acorralada al pago de dineros protección en contra de la violencia de las partes en pugna; y no han sido pocas las empresas que igualmente han vivido estas experiencias. Si los gobiernos lo hacen, ¿por qué no los organismos terroristas? El Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2007 multó a la Chiquita con $25 millones, lo que llevó a la empresa a cerrar sus operaciones en Colombia. ¿Quién se beneficia con esto?

Ahora una oscura y antigua ley estadounidense de 1789 -la Alien Tort Statute- o “estatuto alienígena de agravios,” que faculta ciudadanos no estadounidenses a presentar demandas en las cortes federales de ese país, en contra de todo acto de agravio en suelos extranjeros, está siendo utilizada por abogados de las víctimas de las FARC y la AUC. Las cifras de las demandas bien pueden llegar a los miles de millones. ¿Cómo afectará todo esto a muchas inversiones del área?

¿En el futuro será más probable que nuestras empresas locales o con fondos del exterior, pueden evitar los destinos de Chiquita? ¿No serán los humildes trabajadores del agro de áreas como las del Barú que se vean marginados del desarrollo?

Artículo publicado el domingo 17 de julio de 2011 en el diario El Panamá América.

La ley no debe exigir calificación

Por Diego Quijano

Si somos inexpertos en un tema, hay veces que vale la pena buscar la opinión de un especialista. Esto lo aplicamos en campos como la tecnología o la salud, pero en otros, la opinión del experto debe verse con cautela. El famoso inversionista norteamericano Warren Buffett siempre advierte: “No le preguntes a un barbero si necesitas un corte de cabello”. Es evidente que la respuesta del barbero, aunque puede ser sincera, no es la más objetiva.

Las agencias calificadores de riesgo se encuentran en una posición similar. Pero el problema no surge producto de su actividad profesional —¿acaso está mal ofrecer un servicio de análisis financiero?—, sino a raíz de las exigencias regulatorias.

Como siempre, el gobierno, en aras de proteger “a los débiles”, termina debilitándolos aún más. Y es que la falta de compresión de cómo funcionan los procesos de mercado ocasiona el establecimiento de políticas que generan incentivos perversos. Así, el gobierno decide que los fondos de pensión públicos o privados solo pueden invertir en empresas que han sido calificadas positivamente, para “asegurar” que no se coloquen en áreas muy riesgosas; luego, añade que los bancos y las aseguradoras deben someterse al mismo análisis y sus opiniones siempre deben ser públicas, para proteger al pequeño inversionista; y así sucesivamente.

Esto empezó a socavar el valor de las opiniones de las calificadoras. La motivación para buscar a la agencia ya no era la realización de una exégesis de la empresa, sino cumplir con un requisito legal.

Las agencias, por un lado, veían su negocio crecer como la espuma gracias a la regulación y, por el otro, estaban contra la pared al tener como clientes a aquellos cuyo análisis sería publicado. Mientras tanto, en lugar de realizar un análisis propio, los inversionistas se confiaban ciegamente de estas calificaciones.

Invertir correctamente no es fácil, pero se hace aún más difícil cuando se crean estas distorsiones producto de la intervención estatal. Para todos sería mejor que el gobierno eliminara todas las regulaciones que exigen calificaciones. Esto volvería a motivar a que muchos inversionistas realicen su propio análisis.

Enfoque publicado en el diario La Prensa el sábado 9 de julio de 2011.